Mirando al pasado encontramos varias manifestaciones atípicas en la política colombiana, donde candidatos a diferentes corporaciones públicas se valieron de métodos diferentes a los tradicionales para hacerse elegir y luego algunos de ellos se vieron envueltos en señalamientos, investigaciones y condenas.

[Dagoberto Muñoz Erazo] Ver artículos de este autor

Periodista Rompecabezas – Cinep

La palabra "narcopolítica" se pronunció inicialmente en Colombia, más exactamente en la presidencia de Ernesto Samper. Sin embargo, algunos analistas ubican el término desde finales de los setenta, cuando la mafia colombiana empezó a financiar campañas políticas.

Al primero que debemos mencionar en este tema es a Pablo Escobar, narcotraficante, Jefe del cartel de Medellín que con el poder del dinero se hizo elegir Representante a la Cámara para intentar que se aprobaran leyes a su favor como la no extradición, ante su fracaso, hizo uso de tácticas terroristas; el entonces Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla y el candidato presidencial Luís Carlos Galán, quienes advirtieron que la corrupción del narcotráfico se estaba tomando al país, fueron asesinados en abril de 1984 y en agosto de 1989 respectivamente por ese cartel.

Las vías empleadas por el cartel de Cali, fueron diferentes, sutiles pero contundentes, untando a muchos dirigentes políticos lograron desestabilizar a Colombia. Según la revista Semana, una tercera parte del Congreso de esa época recibió ayudas de este cartel, a cambio, tenían que votar convenientemente en la aprobación de leyes. El cartel de Cali se dio el lujo de "poner" un Presidente, un Ministro de Defensa y un Contralor General de la República.

El "Proceso 8.000", es el nombre con el que se conoce al proceso judicial que se emprendió contra el Presidente Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir dinero del narcotráfico para su campaña presidencial; los medios lo convirtieron en eslogan y símbolo de todo el fenómeno, en el que se investigó y condenó a prisión a parlamentarios, candidatos y ministros.

La Semana Santa de 1996, en el momento más intenso de este proceso —el entonces arzobispo de Bogotá, Pedro Rubiano, pronunció una metáfora que se hizo muy famosa: "Creo que hay cosas que no se pueden ocultar; es decir, si a uno se le mete un elefante en la casa, tiene que verlo". El prelado se refería a las explicaciones del Presidente Ernesto Samper con relación a las denuncias en su contra, "Si hubo infiltración de dinero del narcotráfico en mi campaña, fue a mis espaldas", había dicho el mandatario.

El ex tesorero de la Campaña presidencial Santiago Medina, confesó la entrada de dineros ilícitos el 12 de septiembre de 1995 Y Fernando Botero, Ministro de Justicia de Samper, reafirmó que el Presidente "sí sabía", el 22 de enero de 1996. Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, el 6 de Julio de 1996 Ernesto Samper fue absuelto por la Cámara. Por 111 votos contra 43 se archivaron los cargos contra el presidente de la República. Ni culpable, ni inocente. Precluido.

Como era lógico de esperar, el narcotráfico se convirtió en factor preponderante del conflicto colombiano. La bonanza económica del cartel de Medellín, abrió los ojos a las guerrillas que vieron en esta fuente de ingresos, la forma ideal para conseguir los recursos necesarios para la toma del poder; ya la guerra no fue por ideologías, sino por dinero. La zona de distensión estuvo conformada por los municipios de Mesetas, Vista Hermosa, Uribe, La Macarena y San Vicente del Caguán y tanto en estos lugares, como en muchos otros donde la guerrilla ejercía control territorial, se elegían políticos que ellos apoyaban.

El paramilitarismo nace en los años setenta y ochenta como una respuesta de ganaderos y agricultores desesperados por las acciones de la guerrilla y se ven fortalecidos con la presencia del narcotráfico a finales de los ochenta y comienzo de los noventa. Luego el paramilitarismo como tal decide penetrar el Estado y los estamentos políticos a nivel local y regional, ese gran poder también sirvió para comenzar a manipular y cambiar el mapa político colombiano con la participación de políticos de todos los niveles.

En Julio de 2001 se firma entre las AUC y cerca de 30 políticos de la Costa Atlántica un documento conocido como el Pacto de Ralito cuyo objeto era "Refundar la patria". La Corte Suprema de Justicia inicia la investigación de la parapolítica con el hallazgo de documentos en el computador del paramilitar conocido como Jorge 40.

131 dirigentes políticos son mencionados en los expedientes de la parapolítica. 60 son parlamentarios y 19 lo fueron, 21 se encuentran detenidos, tres han sido condenados, dos aceptaron sentencia anticipada y 13 congresistas han renunciado a su fuero. Falta poco para corroborar la aseveración de Salvatore Mancuso de que los paramilitares controlaban el 35% del Congreso. Este es el juicio más grande de la historia colombiana. Al principio eran solo dirigentes políticos de la Costa Atlántica pero en los últimos meses, han sido vinculados políticos de Antioquia, Santander, Tolima, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Boyacá, Meta, Casanare y Caquetá.

Lo más negativo es que conociendo estos hechos en las elecciones de octubre de 2007, cinco partidos políticos que tienen la totalidad o la mayoría de sus parlamentarios presos o vinculados a la parapolítica, dieron aval a más de 25.000 candidatos obteniendo triunfos en varios departamentos.

Entre quienes han hecho valoración del juicio a la parapolítica hay extremos, algunos piensan que no debemos preocuparnos por escándalos del siglo pasado, que es necesario cerrar esa página, que ya se hizo lo suficiente, pero otros sostienen que el fenómeno está igual o peor, que lo hecho es muy poco, que los políticos investigados están siendo reemplazados por otros y que pagarán unos cuantos pero los más grandes no serán tocados.

Cada escándalo es peor que el anterior, los medios de comunicación, universidades y ONGs los han hecho más visibles, ahora lo importante es que la justicia funcione, que vaya hasta las últimas consecuencias, que se establezca toda la verdad, y los responsables sean sancionados independientemente del número y del poder que tengan. Ahora un nuevo grupo armado ilegal autodenominado las Águilas Negras que tiene representación en 14 departamentos hace su aparición, será que los políticos nuevamente caen en la tentación de adquirir esas ayudas para hacerse elegir.

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