Originalmente publicado en2 octubre, 2020 @ 8:45 pm
– La Federación de Fútbol debe aceptar la renuncia del Bolillo Gómez a la dirección técnica de la selección Colombia
Si patear a una lechuza le significó al jugador Luis Moreno el repudio público, una sanción por dos fechas y una multa de la Dimayor por “ejercer acto cruel contra una especie animal”, y si pellizcarle la cola a una joven le costó la cárcel a un mensajero, el Bolillo, un patán de la estirpe del “si lo veo… ¡le doy en la cara, marica!”, no debería salirse con la suya y suponer que saldó su falta con un comunicado de mea culpa.
Un comunicado en el que dijo sentirse avergonzado con las mujeres de su familia, pero en el que, curiosamente, no hizo alusión a su víctima, la mujer a quien golpeó “como si fuera un hombre”, según dijo un testigo del incidente. Es ella, en primer lugar, quien merecía esa disculpa pública.
Una figura muy popular y con el cargo más representativo del más popular de los deportes merece tarjeta roja, y así pareció entenderlo cuando decidió renunciar, pese a que inicialmente no pensaba hacerlo porque creía que con reconocer el error —la explosiva mezcla machismo-alcohol— el caso quedaba cerrado y no era necesaria la expulsión. Pero fue tan fuerte la presión social y mediática, la condena del Gobierno y la posición de Bavaria que advirtió a la Federación que si lo mantenía en el puesto le quitaba el patrocinio a la selección, que no le quedó más remedio que abandonar la cancha.
Por: María Elvira Samper – El Espectador – agost 14 – 11
No obstante, al final de la semana empezó a ceder la oleada de indignación y comenzaron a ganar terreno argumentos deleznables como que sacarlo del cargo no acaba con la violencia contra las mujeres, o fácilmente rebatibles como que no pueden mezclarse asuntos de la vida personal con la profesional, o que la sanción social y el sufrimiento son castigos suficientes. Todas formas de tolerancia con el maltrato femenino.
Si la Federación mantiene al Bolillo en el cargo, envía el mensaje equivocado. El arrepentimiento no exime de responsabilidad. Él cometió un delito que es penalizado con cárcel y multa, y que en su caso podría tener circunstancias agravantes, según el Código Penal (“abusar de las condiciones de inferioridad del ofendido” y/o “la posición distinguida en la sociedad por su riqueza, ilustración, poder, cargo, oficio o ministerio”, Código Penal, Cap. II, Art. 66).
Además, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) estableció que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos. Por esto, y pese a que la agredida se abstuvo de denunciar al agresor, un abogado la interpuso ante la Fiscalía, amparado en una norma de la Ley de Protección a las Mujeres, según la cual no es necesaria la denuncia de la víctima para iniciar una acción judicial.
Dado su alto perfil, el caso del Bolillo Gómez debería servir para llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres, un fenómeno de salud pública que alcanza ya dimensiones de epidemia.
Sólo el año pasado, según el informe Forensis de Medicina Legal, 51.182 mujeres fueron agredidas: 140 cada hora, seis cada minuto. Son muchas más, pero en general las mujeres maltratadas no denuncian. Por miedo, por temor a represalias o porque las autoridades encargadas de atenderlas desestiman los hechos y no les paran bolas.
Dura lección le ha dado la vida al Bolillo. Tiene la oportunidad de reivindicarse liderando una campaña por la no violencia contra las mujeres, sacándoles tarjeta roja a los maltratadores. Pero fuera de la selección.
